En el momento de la operación, normalmente no. Si se cumplen los requisitos del régimen fiscal especial, la renta que aflora queda diferida tanto en las sociedades como en los socios, y las modalidades de operaciones societarias del ITP y AJD suelen quedar exentas o no sujetas. Ahora bien, «no pagar ahora» no es «no pagar nunca»: el valor y la antigüedad fiscales se conservan, de modo que la plusvalía sigue viva y aflorará en la transmisión futura. Y hay tributos que pueden devengarse igualmente, señaladamente el AJD en determinadas escrituras y algunas situaciones en IVA cuando lo transmitido no constituye una unidad económica autónoma.

Puede negar las ventajas del régimen especial si aprecia que la finalidad principal fue el fraude o la evasión fiscal. La operación seguirá siendo válida mercantilmente —está inscrita y produce sus efectos— pero se regularizará su tratamiento tributario. La buena noticia es que la doctrina más reciente ha limitado el alcance de esa regularización a la ventaja fiscal efectivamente obtenida, en lugar de eliminar el régimen en bloque. La mala es que el plazo de comprobación es largo y que la prueba del motivo económico corresponde en buena medida al contribuyente.

En las modificaciones estructurales el patrimonio se transmite en bloque por sucesión universal: las deudas van con él, sin necesidad de consentimiento individual de cada acreedor, que a cambio dispone de un derecho de oposición y de garantías. Con los trabajadores opera la sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores: la plantilla se subroga con sus condiciones y su antigüedad, y existe obligación de informar a los representantes. Ninguna de las dos cosas es evitable eligiendo una figura u otra, y ambas deben estar previstas en el calendario.

Una operación sencilla entre sociedades del mismo socio —una fusión gemelar, por ejemplo— puede estar inscrita en dos o tres meses. Una fusión con socios distintos, informe de experto independiente y plazo de oposición de acreedores rara vez baja de cuatro o cinco meses desde el proyecto. Y si hay elementos transfronterizos, autorizaciones sectoriales o financiación que reestructurar, el calendario se alarga. Lo que casi nunca se cumple es el plazo de quien empieza la casa por el tejado: la fase de diagnóstico y valoración, que parece prescindible, es la que evita rehacer el trabajo.

Sirve, y bastante. Muchas operaciones bien planteadas están mal documentadas: falta la comunicación a la Administración, no hay memoria económica fechada, la valoración es un anexo sin metodología o la conducta posterior contradice el motivo declarado. Todo eso se puede reforzar antes de que llegue el requerimiento, y algunas cosas —como una consulta vinculante o la corrección de una omisión formal— solo tienen sentido si se hacen a tiempo. La segunda opinión es un trabajo acotado, con informe escrito y sin necesidad de cambiar de asesor.